Agradecemos a la Alta Comisionada por la presentación de su completo Informe Anual 2012.
Con relación al mismo, queremos compartir su preocupación por el efecto que la crisis económica-financiera está teniendo en los derechos económicos, sociales y culturales. La Argentina, que en la última década desde la salida de su peor crisis económica, ha registrado un crecimiento económico real sostenido, con reducción de la pobreza y la desigualdad, aumento del empleo e inclusión social, no puede mirar con desazón la insistencia de otros en transitar el camino del ajuste, desestimando las lecciones aprendidas con dureza por quienes ya probaron esa receta fallida: pérdida de empleos, erosión de los derechos de los trabajadores, desprotección social, aumento de la pobreza, distorsión del diálogo social y quiebre de la cohesión social.
Esta profunda convicción en la importancia de un crecimiento productivo y desarrollo con inclusión social, que posibilite el goce efectivo de todos los derechos humanos, nos ha llevado a ser uno de los diez primeros países en ratificar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta concepción también nos ha permitido ser en 2012, uno de los principales países de América Latina en efectuar contribuciones voluntarias a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Convencidos de la importancia de la labor de su Oficina, y en atención a sus solicitudes, tengo el honor de informar que la República Argentina ha incrementado las mismas para el presente ejercicio.
Deseo a continuación referirme a otras cuestiones también abordadas por la Alta Comisionada en su intervenciòn, y en su informe anual.
- Con respecto a la situación en Siria, para la Argentina, la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas constituye una prioridad central en nuestra política exterior, como también lo es el respeto del principio de no intervención. Por ello enfatizamos la necesidad de que en Siria todas las partes cesen en el uso de la violencia, apoyamos todas las iniciativas destinadas a encontrar una solución política, lamentamos que tanto el gobierno como la oposición tiendan a favorecer la opción militar, y reiteramos el llamado para que todos los Estados que suministran armas y materiales conexos a las partes en el conflicto, dejen de hacerlo de manera inmediata.
- Asimismo, la Alta Comisionada se ha referido al fortalecimiento de los órganos de tratados. Con relación a esta temática, la Argentina quiere reconocer los esfuerzos realizados por su oficina, y por los propios órganos de tratados, para dotar de mayor efectividad al sistema, y consideramos positiva la propuesta de un calendario maestro, siempre que la medida sea contemplada en conjunto con otras cuestiones que permitan ahorrar tiempos y recursos, y no alteren la posibilidad de que los Estados y los Comités mantengan un diálogo interactivo.
- Finalmente, deseo expresar que compartimos la preocupación de la Oficina de la Alta Comisionada con relación al uso de medidas tales como la disminución de la edad de responsabilidad penal, y la pena de muerte, para combatir la violencia social y criminal y el crimen organizado. Es necesario que se comprenda que existen límites en relación con las respuestas frente a la violencia, y que el control de éstos es una obligación primordial del Estado, para no incurrir en una violación de derechos humanos.
En este sentido, como país integrante del MERCOSUR, deseo agradecer a la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos, el trabajo conjunto con el Instituto de Políticas Públicas del MERCOSUR en la producción del informe sobre producción y gestión de información y conocimiento en el campo de la seguridad ciudadana, en el marco del proyecto “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en el MERCOSUR”.
Muchas gracias
