Nuestro país le otorga gran importancia a las iniciativas dirigidas a reducir el uso de escuelas y universidades por las partes en conflictos armados en apoyo a sus acciones militares y minimizar así el impacto negativo que los mismos tienen para la seguridad y la educación de los estudiantes.

En este sentido, la Argentina ha sido uno de los primeros Estados en ratificar el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados".

Asimismo, nuestro país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante los períodos 1999-2000 y 2005-2006, apoyó la resolución 1261 (1999), primera resolución dedicada al tema de niños y conflictos armados y la 1612 (2005), donde se enumeraron las seis categorías de violaciones que constituyen violaciones graves y mediante la cual se creó el Mecanismo de Vigilancia y Presentación de informes sobre violaciones graves contra los niños en situaciones de conflicto armado. Sobre este Mecanismo, cabe destacar que ha pasado a ocupar un lugar central en el marco de las Naciones Unidas para la protección de niños en conflictos armados.

Formando en la actualidad parte nuevamente del Consejo de Seguridad, Argentina ha copatrocinado la resolución 2143 sobre Niños y Conflictos Armados, que fuera recientemente adoptada. En la misma, en la línea con las posiciones tradicionales en torno al tema, se condenan todas las violaciones del derecho internacional relativas al reclutamiento y uso de niños por las partes en el conflicto armado y se destaca la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad investigando los responsables por crímenes contra la humanidad, genocidio y otros crímenes contra los niños, entre otros puntos.

En lo que respecta al tema específico que aquí abordamos, en la citada  resolución del Consejo de Seguridad se expresa asimismo preocupación por el uso militar de las escuelas, el cual resulta contrario al derecho internacional, en tanto dicha utilización puede convertir a las instituciones educativas en legítimos blancos, poniendo así en peligro la seguridad de maestros y alumnos y  la educación en general. Es por esto que llama a todas las partes en los conflictos armados a respectar el carácter civil de las escuelas, alentando a la vez a los Estados a considerar medidas concretas para evitar el uso de las escuelas por parte de las fuerzas armadas y grupos armados no estatales en contravención del derecho internacional.

Creemos que las “directrices de Lucens para proteger las escuelas y universidades del uso militar durante los conflictos armados” son un claro paso en este sentido. Es por esto que acompañamos con entusiasmo el proceso de las directrices desde su comienzo y esperamos que una vez finalizado, puedan ser apoyadas por los Estados, en lo que representará una media concreta como la mencionada en la resolución del Consejo de Seguridad, que podremos tomar a favor de la protección de las escuelas y universidades educativas durante los conflictos.

Las Directrices están destinadas a identificar normas vigentes como así también cuando esto resulta necesario, adaptar la redacción de aquellas que otorgan una protección genérica a bienes y personas civiles, de manera de obtener lineamientos para la protección específica de escuelas y universidades.

En este sentido,  el documento contribuye a una mejor identificación de la normativa que surge tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia, resultando así en un instrumento de suma utilidad  a los propósitos identificados en una de las directrices (la directriz seis), por la que se insta a las partes en un conflicto a incorporar esos lineamientos en su doctrina, manuales militares, reglas de empeñamiento, órdenes operacionales u otros medios de diseminación, de manera de poder contar con prácticas apropiadas en toda la cadena de comando.

Se incorporan asimismo ejemplos de buenas prácticas en materia legislativa, judicial, en manuales militares, entre otros, que pensando en la futura adopción del texto, estimamos resultan de gran utilidad en la implementación por parte de los Estados.

Por supuesto que no es mi objetivo hacer una reseña aquí del borrador de Directrices ya que esa será la tarea de los panelistas, pero sí me pareció importante compartir lo que Argentina destaca del documento.

La importancia que Argentina le otorga a este tema como he mencionado, ha hecho que apoyemos esta iniciativa de la Coalición Global para Proteger la Educación de los Ataques, desde la más temprana etapa, participando en la reunión que tuvo lugar en Lucens. Posteriormente hemos podido formar parte del fructífero intercambio de ideas entre los representantes de Estados, ONGs y diversos actores involucrados, que ha permitido la evolución de las Directrices desde la primera versión que fue discutida en 2012 hasta el documento claro y conciso que con el que hoy contamos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos tenido asimismo la oportunidad de coordinar una reunión de los funcionarios de las distintas agencias gubernamentales involucradas con representante de la Coalición Global y de UNICEF para dialogar más en profundidad sobre el proceso.

La República Argentina tiene previsto participar también con los expertos que han estado siguiendo este tema desde capital en la reunión que tenemos entendido tendrá lugar durante el corriente año.

Es entonces con gran expectativa que esperamos esta última etapa del proceso en que se encuentra el borrador.

Mi presencia hoy en este evento, es una muestra acabada del compromiso de la Argentina hacia este proceso y alentamos a los países aquí presentes a sumarse al mismo.

Por supuesto que para poder avanzar en esta nueva etapa que podemos considerar de madurez del documento y contar con el apoyo del mayor número de países posibles, se deberá encarar un proceso abierto que permita transformar este borrador en el documento definitivo.

Confiamos en que esto pueda realizarse en un plazo que permita el análisis detenido del documento por parte de todos los Estados, pero a la vez con la determinación que permita su adopción en un futuro cercano.