Misión Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra

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Discurso Jefe de Misión Duhalde. 1a Sesión EPU. 2008

Señor Presidente, Señores Delegados,

Una política pública de derechos humanos está vinculada no sólo al respeto de valores inherentes a la condición humana, sino también al mejoramiento de la calidad institucional. En este sentido, el gobierno de mi país, entiende la política de promoción y protección de los derechos humanos, no sólo como el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino, como la recuperación de los fundamentos éticos del Estado en relación a la sociedad argentina y al concierto universal.

El anterior gobierno del Presidente Néstor Carlos Kirchner y el actual de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner han considerado que las demandas sociales surgidas durante la crisis del año 2001 previa a su gestión, exigían grandes transformaciones de las instituciones y las prácticas políticas. Es por ello que el abordaje de la problemática de los derechos humanos apuntó a cuestiones de importancia estratégica para la gobernabilidad democrática, incluidas entre éstas, por cierto, la revisión del pasado. Esta revisión y la consecuente lucha contra la impunidad, es parte de la tarea del presente en función de las generaciones futuras, para la profundización del sistema democrático y el aseguramiento de la vigencia de los derechos humanos.

En la actualidad se han reabierto cientos de causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que asolo el país entre 1976 y 1983. La Secretaría de Derechos Humanos a mi cargo se ha constituido en querellante en muchas de ellas, tanto por su importancia fundamental, como cuando ha creído que debía apoyarse la acción de los querellantes particularmente – es decir las víctimas y los familiares de estas – para contribuir a sortear escollos en el progreso de las causas judiciales.

El cambio cualitativo que estamos experimentando resulta de la confluencia de las políticas públicas del gobierno con las exigencias de la sociedad civil y en particular con las que resultan de la lucha incansable del movimiento de derechos humanos.

El cambio cualitativo que estamos viviendo en la Argentina en la lucha contra la impunidad es el fruto de la confluencia entre la determinación política, jurídica y ética de los tres poderes del Estado y las inclaudicables exigencias de memoria, verdad y justicia mantenidas por el movimiento de derechos humanos a lo largo de más de treinta años, a cuyas esforzadas organizaciones rindo homenaje, en especial a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, convertidas ya en un símbolo universal.

Hemos ampliado el período de referencia de la lucha contra la impunidad. Estamos investigando no sólo los crímenes de la dictadura militar de 1976 a 1983, sino también hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos con anterioridad a ese período aciago.

El Estado argentino asumió el deber de memoria, claramente enunciado en los Principios sobre la lucha contra la impunidad elaborados en el ámbito de esta Organización de las Naciones Unidas primero por Louis Joinet y luego por la Profesora Orentlicher.

En vez de una pretendida reconciliación basada en el olvido, estamos trabajando junto con sectores mayoritarios de la sociedad civil para construir la confianza en el Estado de derecho y las instituciones democráticas, requisito indispensable de la gobernabilidad y el desarrollo humano y sostenible.

La convicción de que estos objetivos exigen medidas de corto, mediano y largo plazo, nos ha llevado a la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Acción para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, al que se referirá esta Delegación más adelante..

Red de Observatorios de Derechos Humanos

Desde el año 2003, la Secretaría de Derechos Humanos llevó adelante el emplazamiento de Observatorios de Derechos Humanos en distintas regiones del país. Estos observatorios, verdaderos laboratorios, son espacios de articulación entre actores estatales y sociales y constituyen una estrategia de acción novedosa en materia de Derechos Humanos, en tanto el impulso nace de las propias políticas públicas para su profundización a la par que contribuir a la formación de los actores sociales.

La lucha contra la impunidad: memoria, verdad, justicia, reparación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación removió todos los obstáculos jurídicos a la lucha contra la impunidad: declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía encubierta y de los indultos a personas condenadas o procesadas por estos crímenes de derecho internacional. Esta acción del más alto tribunal judicial contó con la acción simultánea de los otros poderes del Estado, ya que el Parlamento argentino ratificó los tratados internacionales, que aún carecían de vigencia interna, entre ellos el que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y declaró nula las leyes aseguradoras de la impunidad de sus responsables. A su vez, el Poder Ejecutivo llevó a delante la política que aquí se expone.

En este nuevo clima, el Equipo Argentino de Antropología Forense – organismo no gubernamental que cuenta con el total reconocimiento de los poderes del Estado – ha identificado los restos óseos, entre otros muchos, de la religiosa francesa Leonie Duquet y de un grupo de Madres de Plaza de Mayo, entre ellas la fundadora de esa agrupación, Azucena Villaflor de Devincenti, secuestradas por la Armada argentina en diciembre de 1977. Esto permitió probar científicamente la identidad de las víctimas – que habían sido vistas por sobrevivientes en la Escuela de Mecánica de la Armada – y la metodología de los llamados “vuelos de la muerte”, consistente en arrojar con vida a las víctimas al mar.

También con el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Derechos Humanos se está llevando a cabo la Iniciativa Latinoamericana para la recolección masiva de muestras de sangre de familiares de las víctimas del Plan CONDOR, para posibilitar la futura identificación de restos óseos.

Las acciones judiciales se completan con una activa política de recuperación de la memoria histórica, llevada a cabo por el Estado, y por organizaciones de la sociedad civil, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el “Derecho a la Verdad”.

Las “Abuelas de Plaza de Mayo” vienen trabajando sobre el Derecho a la Identidad desde su creación en 1977. Cuentan con el apoyo y la acción del Estado a través de la Comisión Nacional por la Identidad (CONADI) creada por ley del parlamento. El número de niños que habían sido apropiados en el marco del terrorismo de Estado y que fueron localizados por Abuelas permitiéndoles recuperar su verdadera identidad y sus lazos con su familia biológica, asciende actualmente a 88.

En materia reparatoria en el ámbito nacional y desde 1991 se han dictado una serie de normas, que continúan vigentes, tendientes a compensar económicamente a las víctimas del terrorismo de Estado. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Derechos Humanos a mi cargo. Estas normas benefician a ex presos políticos, a víctimas de desaparición forzada y de asesinatos políticos y sus derechohabientes, y a víctimas de los fusilamientos de 1956.

Igualmente, la llamada “Ley de hijos”, creada dentro de las políticas impulsadas desde 2003, estableció un beneficio para las personas que hubieran nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o por razones políticas.

Dentro de esta política, el entonces Presidente de la República doctor Néstor Carolos Kirchner, el 24 de marzo de 2004, transfirió el predio donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático de nuestro país, conocido como “ESMA” (Escuela de Mecánica Argentina) para la creación de un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”. A tal fin se ha creado un órgano Inter-jurisdiccional entre el Estado Nacional y la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, con participación en su dirección de los organismos de derechos humanos, quienes además tienen asignados parte de los 33 edificios del predio cuya extensión es de 170.000 metros cuadrados. Lo que lo constituye en un lugar de trascendencia universal, según los propios dichos de las autoridades máximas de la UNESCO, a quien el Estado argentino le ha propuesto colocar dicho Espacio bajo la supervisión de ese alto organismo para la Educación y la Ciencia de las Naciones Unidas.

Lucha contra la discriminación

A pesar de los logros alcanzados existen todavía considerables motivos de preocupación en materia derechos humanos, varios de los cuales se enuncian a continuación. A otros desafíos se referirán los demás miembros de la Delegación al término de esta exposición en respuesta a las respectivas preguntas y comentarios de los Estados.

1. Protección de testigos

El entonces Presidente de la República Dr. Néstor Carlos Kirchner el 1 de marzo del año pasado al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, además de reafirmar con energía el impulso a las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, le pidió a la Cámara Nacional de Casación Penal y a todos los jueces “que apuren los procesos, siempre dentro del marco de la ley” Asimismo afirmó “Es evidente que todavía en la Argentina funcionan (…) cadenas de impunidad”. Y expresó que el Estado dedica todos sus recursos a esclarecer la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio en que fue condenado a prisión perpetua el ex comisario bonaerense Miguel Etchecolatz.

Numerosos obstáculos a la acción de la justicia constitutivos de la impunidad de derecho han sido removidos bajo la actual gestión de gobierno como lo sabe este Consejo de Derechos Humanos. Subsisten sin embargo dificultades propias en parte de una impunidad de derecho en un sistema procesal penal que facilita las dilaciones procesales, y otras derivadas de la impunidad de hecho, fruto de quienes aún actúan en la práctica por distintos medios para oponerse a la acción de la justicia y forman esa “cadena de impunidad” a que se refirió el entonces Presidente de la Nación en su discurso ante el Congreso hace más de un año.

Las resistencias a las políticas públicas de verdad y justicia se expresan a través de una estrategia que tiene dos alas principales: por un lado la búsqueda de una sistemática dilación de los procedimientos judiciales y por el otro una campaña de amenazas anónimas que incluyo también algunas agresiones físicas y en un caso, el de Jorge Julio López revistió extrema gravedad ya que desde hace un año y medio no se sabe más nada de él, descartándose absolutamente, que su desaparición sea voluntaria.

En el ámbito del Ministerio de la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se establecieron el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Allí también se encuentra actualmente radicado el “Programa Verdad y Justicia”, creado en mayo de 2007, para fortalecer los procedimientos destinados a la protección y seguridad de aquellos que intervienen en las causas judiciales, así como de sus grupos familiares.

 

Situación Carcelaria

a) Condiciones de detención

La Argentina se encuentra en proceso de adecuar su legislación penitenciaria a los estándares internacionales de derechos humanos, a través de medidas tomadas por los tres poderes del Estado al que se referirá esta Delegación con más detalles más adelante.

Por otra parte, la corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que “las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, (…) configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.”

La Corte expresó que la presencia de adolescentes y enfermos en comisaría o establecimientos policiales, configuraba una flagrante violación de los principios generales de las Reglas Mínimas y muy probablemente innegables casos de trato cruel, inhumano o degradante…

Especial referencia merece la situación vivida en la Provincia de Mendoza, donde fueron verificadas inaceptables condiciones de detención. Lo que motivó medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2004. Tales medidas fueron consecuencia de serios hechos de violencia que dejaron como saldo más de veinte muertos durante dicho año.

A partir de allí, el Estado nacional inició un programa de trabajo conjunto con las autoridades competentes de la provincia, con los peticionarios que denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la propia Comisión, para el mejoramiento integral de las condiciones de detención.

Finalmente, cabe señalar que los peticionarios y el Gobierno de la Provincia de Mendoza, con el auspicio del Estado nacional, han arribado a un acuerdo de solución amistosa que pone fin al trámite contencioso del caso ante el sistema interamericano. En noviembre de 2004, la Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, siendo el primer país de América y el primer país de régimen federal en el mundo en ratificarlo. Con el fin de poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura previsto en el referido instrumento, el Estado Nacional está trabajando en pos de su implementación sobre la base de los estándares establecidos, a lo que se referirá una intervención de nuestra Delegación en respuesta al interés manifestado por los Estados al respecto.

b) Prisión preventiva

Se han tomado diversas medidas, particularmente de carácter judicial y legislativo tendientes a morigerar la aplicación irrestricta de la prisión preventiva. Debe considerarse el lento pero sostenido cambio en el criterio jurisprudencial en torno al tema.

Recientes fallos de la corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene expresamente la necesidad de utilizar la prisión preventiva como medida cautelar excepcional, que debe aplicarse siguiendo estrictos criterios de legalidad, y no de modo indiscriminado. Recientes fallos de la justicia federal y de ejecución penal, han establecido la jerarquía superior de los derechos consagrados por tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, por sobre las normas procesales, para conceder la excarcelación a mujeres con hijos menores de edad, a fin de que éstos puedan gozar del derecho de vivir con sus madres.

Derechos Humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Las importantes cuestiones relativas a estos grupos serán objeto de tratamiento por la Delegación a continuación.

Derechos económicos, sociales y culturales

La otra gran vertiente de la problemática de los derechos y garantías fue su vulneración ante la crisis socioeconómica y la exclusión social. La destructiva década del ´90, con el consecuente desmantelamiento de la protección social, el aumento de la desocupación y la pérdida de la estabilidad de las relaciones laborales empujaron a vastos sectores asalariados hacia la marginalidad, fruto de políticas económicas de concentración de la riqueza y debilitamiento del rol del Estado.

A pesar del crecimiento económico y de la paulatina mejora en los índices de pobreza, indigencia y desempleo en los últimos años, todavía existe en nuestro país un alto porcentaje de la población que sufre de exclusión social y de falta de vigencia plena de sus derechos económicos, sociales y culturales. En ese contexto, la lucha contra la pobreza y la exclusión constituye uno de los objetivos principales del Estado nacional.

Luego de la grave crisis política, social y económica en diciembre de 2001, durante el año 2002 el porcentaje de personas pobres llegó al 57.5%en octubre 2002. En diciembre de 2006 la situación presentaba una notoria mejoría, ya que había superado el umbral de la pobreza un total de 1.571.000 hogares, de los cuales 791.000 dejaron de ser indigentes. Desde entonces ha continuado el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas para amplios sectores de la población.

El Ministerio de Desarrollo social ha implementado planes y programas sociales con el fin de mejorar la situación de las familias excluidas. Un ejemplo es el Plan “Manos al a Obra” para promover la inclusión social através de la generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios.

Otra iniciativa es el “Plan Familias” que promueve la protección del adulto mayor, la integración de los discapacitados, la igualdad de trato y oportunidades de género de los miembros de la familia. Finalmente el “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.” Este plan se dirige a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional.

Señor Presidente, el tiempo fijado nos obliga a través de los restantes miembros de la delegación, a resumir los muchos temas que quisiéramos exponer. Muchos es lo hecho, pero también es mucho lo que queda por realizar. La lucha por la vigencia de los Derechos Humanos, es una tarea inacabable y de la cual uno nunca puede darse por satisfecho.

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Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular