El Canciller Héctor Timerman participó en el Segmento de Alto Nivel de la 25° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, efectuando la siguiente intervención:

“Señor Presidente,

Representantes de los Estados Miembros y Observadores,

Representantes de la sociedad civil.

Es para mí un honor estar nuevamente haciendo uso de la palabra en nombre de la República Argentina en el principal foro de derechos humanos a nivel universal, en donde con mucha responsabilidad hemos asumido este año la vicepresidencia como muestra de nuestro apoyo al Consejo.

Luego de décadas de reiteradas interrupciones al orden constitucional en mi país y de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos durante la última dictadura militar, los derechos humanos constituyen uno de los ejes  principales de nuestra política interna y exterior.

Efectivamente, la Argentina considera que su trágica historia le asigna una responsabilidad particular en la promoción y protección de los derechos humanos. Es por este motivo que le otorgamos una gran relevancia al fortalecimiento del sistema universal y regional de derechos humanos.

A partir del regreso de la democracia y, en especial con el Presidente Néstor Kirchner en 2003 y la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina consolidó definitivamente un proceso de  memoria, verdad, justicia y reparación a nivel interno, con fuerte determinación para dar respuesta a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del último gobierno militar.

Los latinoamericanos aprendimos con fuego que el respeto de los Derechos Humanos es solamente posible en el estricto respeto de las instituciones democráticas. En nuestra región dejamos atrás el clásico golpe cívico militar, pero nuestras incipientes democracias todavía son objeto de presiones que ponen en riesgo la permanencia de los gobiernos elegidos por las mayorías.

La tentación de algunos a tomar la calle, aún con apoyo de parte de la ciudadanía, para desviar la voluntad resultante de los sufragios, nos llevará a una terrible espiral de la que será difícil salir, pues no habrá gobierno, sin importar el color político, que no sea vulnerable a las manifestaciones destituyentes del sector perdidoso en las elecciones presidenciales.   
Volviendo al derrotero de los Derechos Humanos en mi país,  los tres poderes del Estado removieron sucesivamente todos los obstáculos jurídicos para identificar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, reabriendo causas judiciales en todo el país, con tribunales ordinarios, juicios orales y públicos y con las plenas garantías del debido proceso. Hoy existen 1083 procesados, 445 condenados, muchos ya con sentencia firme.

Así también, el Estado argentino persiste en la continua búsqueda de la identidad de personas que siendo niños o bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado. Hasta hoy, 110 de ellos han recuperado su identidad gracias a la incansable lucha de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Esta experiencia se ve reflejada en el reconocimiento del Derecho a la Verdad como un derecho autónomo, que a través de una resolución presentada por la Argentina,  este Consejo aprueba por consenso regularmente.

Las resoluciones sobre genética forense y derechos humanos  y la resolución presentada conjuntamente con Suiza mediante la cual se estableció el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, fueron otras contribuciones basadas en nuestro desarrollo interno. Hacemos votos para que este Consejo pueda avanzar próximamente en la aprobación de un manual que recoja los estándares internacionales en el empleo de la genética forense en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

En lo que respecta a las desapariciones forzadas, nuestro país es parte junto con Francia, Japón y Marruecos, del grupo principal de copatrocinadores de la resolución  que regularmente se presenta en este Foro.  La Argentina, consecuente con la importancia que asigna a la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el rol que ha jugado en su redacción y posterior negociación, ha liderado junto con Francia una campaña internacional para lograr su entrada en vigor y actualmente promueve el incremento en el número de Estados Partes a fin de dotar a la Convención de la mayor membresía posible. Me permito entonces aprovechar esta ocasión para invitar una vez más a los países a sumarse a este instrumento. 

Por otra parte, la Argentina ha presentado en la sesión de septiembre pasado una resolución sobre adultos mayores conjuntamente con Brasil, que ha llevado al establecimiento de un procedimiento especial en la materia, cuyo titular deberá ser designado en la presente sesión.  Resulta de gran importancia la protección de las personas mayores que se encuentran particularmente vulnerables ante situaciones de pobreza, discriminación, maltrato y falta de acceso a la salud y a los servicios sociales.

Es también como resultado de nuestra lucha contra la discriminación que la Argentina es hoy un país reconocido internacionalmente por sus políticas de ampliación de derechos al colectivo LGBT, como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Entendemos que cada país tiene su propia cultura, valores, legislación y demandas sociales, pero también creo fundamental que todos debemos lograr acuerdos básicos con el fin de fomentar el respeto, la no discriminación y, sobre todo, luchar contra la violencia motivada en cuestiones de orientación sexual.

Señor Presidente

Debemos trabajar para que el espíritu de confrontación que en algunas ocasiones inspira la negociación de las resoluciones sobre la situación de los Derechos Humanos sea reemplazado por un espíritu de cooperación, donde el propio país objeto de la resolución acompaña el proceso y lo ve como una oportunidad y un compromiso para mejorar su situación de derechos humanos.

No obstante lo anterior, creemos que es largo aún el camino que resta por recorrer a fin de que todas las situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo en cualquier lugar del mundo del que se trate, sean tratadas en forma rápida y efectiva en este recinto. Efectivamente, estamos convencidos que se debe continuar trabajando a fin de eliminar la selectividad que subsiste como resabio de la antigua Comisión, para lograr que concretamente se traten todas las situaciones de derechos humanos.

Señor Presidente,

La Argentina ha ratificado todos los instrumentos internacionales y regionales existentes relativos a la abolición de la pena de muerte.  Nuestro país integra el grupo de apoyo tendiente a lograr el mayor número de apoyos a la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre moratoria de la pena de muerte. Además nuestro país integra también el Grupo de Apoyo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte que presidimos desde octubre de 2013.

Además, la Cancillería Argentina se encuentra trabajando activamente en la defensa jurídica del ciudadano argentino Víctor  Saldaño, único argentino condenado a pena de muerte en el mundo y que se encuentra en el corredor de la muerte del Estado de Texas desde 1996. Saldaño es un caso contundente de violación sistemática de los derechos humanos, de discriminación étnica y de doble estándar legal.

Señor Presidente,

El mundo todavía padece constantes y repetidos ejemplos de avasallamiento brutal de los derechos humanos más básicos. El horror que se ha apoderado de la vida de los millones que viven en países víctimas de los conflictos armados internos nos avergüenza a todos, es por ello que mi país es un activo denunciante del comercio de armas vendidas a las facciones que desangran estas naciones, armas provenientes en muchos casos de los mismísimos países que denuncian el horror y se enriquecen a cambio de muerte.

Quiero, también en referencia a este punto, expresar la posición de mi país contraria a utilizar las crisis humanitarias como excusa para intervenciones militares extranjeras que no son otra cosa que movidas geopolíticas de un juego que no tiene entre sus prioridades los intereses de las víctimas. 

La Argentina, está fuertemente comprometida con un modelo de sociedad democrática e inclusiva, con pleno respeto de los derechos humanos para todos. Por ello, hemos trabajado fuertemente durante la última década para que toda la población pueda gozar de los derechos económicos, sociales y culturales y hemos logrado una paulatina mejora en los índices de pobreza, indigencia y desempleo en los últimos años gracias un esfuerzo fiscal sin precedentes.

En este contexto, la lucha contra la pobreza y la exclusión constituye uno de los objetivos principales del Estado nacional y un eje de nuestra política de derechos humanos, para que toda la población pueda disfrutar plenamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, porque entendemos como sociedad que no se trata de beneficios que otorga el Estado, sino del reconocimiento de plenos derechos.

Señor Presidente,

No quisiera concluir mi intervención sin manifestar el apoyo de mi país a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y a la labor que viene realizando en cumplimiento de su mandato, como así también a los distintos procedimientos especiales y demás mecanismos de este Consejo, incluido el Examen Periódico Universal.

La Argentina le asigna una gran importancia a este mecanismo. Por un lado el Examen Periódico Universal permite que todos los Estados pongan sobre la mesa su situación de los derechos humanos y luego del procedimiento, identifiquen cuáles son las áreas de protección de derechos humanos que deben reforzar. Este es el espacio para fomentar el diálogo y el intercambio de experiencias para generar un espíritu de cooperación en
lugar de la confrontación.

Por otro lado el Examen Periódico Universal es un desafío y una oportunidad a nivel interno.  Es así que siguiendo el compromiso voluntario oportunamente formulado en ocasión de nuestro 2° Examen Periódico Universal, y teniendo en cuenta que somos un Estado Federal, estamos avanzando hacia la realización de un mecanismo similar a este exámen a nivel nacional, que permita revisar las políticas de derechos humanos de todos y cada uno de los estados provinciales, que presentarán informes y serán evaluados por otras provincias, con participación de la sociedad civil y el Estado Nacional, lo que constituirá una experiencia inédita a nivel mundial. Con este objetivo estamos trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para viabilizarlo.

Señor Presidente,

A treinta años del retorno de la democracia, la Argentina se encuentra en un proceso de fortalecimiento de diferentes aspectos de su política de derechos humanos, que es para los argentinos una política de Estado y lo entendemos también como una contribución a la comunidad internacional para contribuir con la construcción de un mundo más justo e igualitario.

Muchas gracias.”