En un evento organizado por la Misión Argentina ante la ONU en Ginebra en el marco del 28 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, los Embajadores de Grecia, Sudáfrica, Cuba y Argentina y la Alta Comisionada de la ONU para derechos humanos analizaron el impacto de la deuda externa y del accionar de los fondos buitres en la soberanía de los países y en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos.
El Embajador argentino Alberto D’Alotto, en sus palabras de bienvenida, destacó que las consecuencias de la deuda externa y el impacto negativo de las actividades de los fondos buitre en el disfrute de los derechos humanos es un tema prioritario para la Argentina. En virtud del carácter global del problema, ningún país se encuentra exento de la especulación de estos fondos, independientemente de su grado de desarrollo económico.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Flavia Pansieri, destacó el apoyo de la ONU a la búsqueda de soluciones al tema de la deuda para que los países puedan cumplir con los objetivos de desarrollo del Milenio.
El Representante de Grecia, Emb. Alexandris, transmitió un mensaje de su Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales Efklidis Tsakalotos, quien destacó que el deficiente manejo de la crisis económica griega afectó seriamente el bienestar y los derechos de su pueblo y que el actual gobierno está preparado para cooperar en el ámbito multilateral con otras naciones que enfrentan este tipo de situaciones.
El Panel de Expertos compuesto por Jean Ziegler, del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, Experto Independiente sobre la deuda externa y derechos humanos, Richard Kosul-Wright de la UNCTAD y Martin Khor, del Centro Sur, intercambió ideas sobre las estrategias necesarias para limitar el impacto negativo del accionar de los fondos buitre en el disfrute de los derechos humanos.
El Sr Ziegler informó que el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, en su reunión de la semana pasada lo había nombrado relator de la investigación sobre los fondos buitres que le encomendó el Consejo de Derechos en septiembre pasado y subrayó la gravedad de la amenaza de los fondos buitres y su alcance mundial, lo que desarrollará en detalle en el informe que presentará ante el Comité el próximo mes de agosto.
Los restantes expertos coincidieron en la necesidad de adoptar legislación nacional que prohíba las actividades de los fondos buitre y, en el ámbito multilateral, avanzar en el establecimiento de un marco jurídico para los procesos de reestructuración de deuda soberana.
El Consejo de Derechos Humanos deberá aprobar a finales de marzo una resolución sobre deuda y derechos humanos que recogerá estas preocupaciones.